El sector público es una parte esencial de toda economía[1]. Los Gobiernos gastan grandes sumas de dinero público en una variedad de servicios e infraestructuras para sus ciudadanos. Y en momentos de crisis, como la crisis financiera mundial de 2008 y, más recientemente, la pandemia mundial de COVID-19, los Gobiernos recurren cada vez más a medidas de política fiscal para respaldar los sistemas sociales públicos de infraestructuras y de salud, y proporcionan asistencia económica directa a las empresas y a los ciudadanos a través de medidas como la ayuda compensatoria y el seguro de desempleo. Únicamente los Gobiernos pueden brindar este tipo de asistencia a gran escala durante estas crisis.
En todo el mundo, las entidades del sector público enfrentan muchos desafíos, como el aumento de la demanda de servicios de alta calidad, la obsolescencia de las infraestructuras, la competencia fiscal[2], la escasa base fiscal, la pérdida de confianza[3] y el impacto de los cambios demográficos que provocan déficits de financiación para los regímenes de pensiones y prestaciones sociales.[4]
Mientras los Gobiernos lidian con prioridades contrapuestas, deben tomar decisiones importantes con el objetivo de que las medidas a corto plazo se tomen con la debida atención a la sostenibilidad financiera y la resiliencia a largo plazo. Las decisiones que toman los Gobiernos hoy tendrán un impacto en las generaciones venideras[5] y repercutirán en las futuras decisiones políticas, fiscales y sobre gastos. El contrato social básico entre los Gobiernos y los ciudadanos cambia continuamente y, por lo tanto, hay una mayor necesidad de transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan entender la forma en que se gestionan y gastan los fondos públicos[6], la forma en que se toman las decisiones y el porqué, y las pruebas y la información que respaldan las decisiones.
Para garantizar que los Gobiernos y las entidades del sector público de todo el mundo tomen decisiones informadas para las personas, el planeta y la economía, necesitan una gobernanza y una gestión de las finanzas públicas (PFM) sólidas. La profesión contable, las organizaciones de profesionales de la contabilidad (PAO) y las personas tienen un importante papel que desempeñar en respaldo a una PFM adecuada y un sector público eficaz. Al trabajar juntos, el sector público y la profesión contable pueden ayudar a conseguir un futuro más sostenible, inclusivo y próspero.